El registro contaba muertes violentas de una sola clase: el homicidio. En la región se muere de otras maneras que tampoco son azar y que ningún organismo de seguridad cuenta, porque no son delitos.

En varios Estados del padrón el suicidio mata más gente que el homicidio y no figura en ninguna estadística criminal. Y las muertes de tránsito, según la OMS, están entre las principales causas de muerte de los jóvenes, aunque se lean como accidente.

Son estimaciones, no recuentos. Se modelan sobre los registros de defunción de cada Estado, corrigiendo por subregistro y por causas mal clasificadas: donde el registro civil es flojo, la corrección es grande.

Las muertes de tránsito traen un solo año: la fuente las publica por ronda y no todos los años, así que no hay serie para ver si mejora o empeora.

Cuánto destina cada Estado a policía, bomberos, tribunales y cárceles: el aparato de seguridad y justicia entero, no solo la policía. Mide lo que se destina, no lo que se obtiene: en la región, varios de los Estados que más gastan son los que más homicidios tienen. La relación entre gasto y resultado no se afirma acá.

Es el presupuesto del gobierno central, y eso tiene un costo. La fuente ofrece cuatro pedazos del Estado; el gobierno general, que incluiría a las provincias, solo cubre 6 de los 33, y con seis no se puede afirmar nada de la región. En los Estados federales —la Argentina, el Brasil, México, Venezuela— la policía es en buena medida provincial y no entra en esta cifra: para esos cuatro es un piso, no el total.

No hay monto en pesos ni en dólares, y no es un olvido. La fuente publica el absoluto en la moneda de cada país, y eso no se compara: convertirlo exigiría elegir un tipo de cambio, y esa elección es una opinión metida adentro de un dato. Lo comparable es la proporción, y va en dos formas.

Mirá el año antes de comparar. El Salvador trae treinta y cuatro años hasta 2023; Granada, cinco, y termina en 1995.

Esta sección tiene fuente propia desde el 21/9/2026: el Global Terrorism Index del Institute for Economics & Peace (IEP), con puntaje de impacto del terrorismo, atentados, muertes, heridos y rehenes por Estado, hasta 2025. Reemplaza a la Base Global de Terrorismo (START, vía Our World in Data), retirada ese mismo día porque su licencia no permitía redistribuirla.

Licencia no comercial. El GTI se publica bajo Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0), con atribución obligatoria al IEP: este dato no puede viajar a ningún producto que la Fundación cobre. Es además una fuente file-drop: el IEP no tiene descarga pública directa, y la Dirección gestionó la licencia y bajó el archivo a mano.

Fuente única, y se declara así. El GTI es la sola fuente de terrorismo de este registro: no hay una segunda fuente que mida lo mismo. «Violencia organizada» (UCDP) mide otra cosa —un umbral de 25 muertes anuales en conflicto organizado, no terrorismo— y queda como capa complementaria relacionada, sin corroborar a este conjunto ni reemplazarlo.

Y «terrorismo» es, de por sí, una definición disputada: varios Estados de la región han calificado de terrorista a la protesta social.

Acá está la percepción de inseguridad y el delito que la estadística policial no ve. La víctima que no denuncia no aparece en ningún parte. Cuando la tasa de denuncia es baja, las cifras oficiales de ese Estado subestiman el delito, y la comparación con un país que denuncia más se vuelve engañosa. Los detenidos sin condena miden congestión judicial y prisión preventiva, no criminalidad.

UCDP exige 25 muertes relacionadas en un año para registrar un conflicto. Un Estado con violencia real por debajo de ese umbral aparece en cero. Es la advertencia más importante de esta capa: buena parte de la violencia de la región —homicidio común, extorsión, violencia intrafamiliar— nunca entra acá porque no es conflicto armado organizado. Para eso están las otras capas.

Los tres tipos no significan lo mismo y no se suman. La violencia estatal tiene al Estado como parte; la no estatal ocurre entre grupos armados sin el Estado, y en esta región puede incluir disputas entre organizaciones criminales; la unilateral es contra civiles que no se defienden. Contarlas juntas produce un número que no quiere decir nada.

Presencia, no intensidad. Esta tabla dice si hubo, no cuánto: dos Estados marcados igual pueden estar a un orden de magnitud de distancia.

Es evaluación experta, no recuento de hechos. Cada puntaje va de 1 a 10 y lo fija un panel de especialistas con evidencia documental, revisado por pares. Un puntaje alto de mercado no dice cuánto: no hay tonelaje ni recuento de operaciones, dice cuán extendido y arraigado está ese mercado.

La resiliencia no es lo contrario de la criminalidad. Son dos medidas independientes: un Estado puede tener mucha capacidad y crimen arraigado a la vez, y la relación entre ambas es justamente lo que conviene mirar.

No es tiempo real y no pretende serlo. La edición es bienal y describe estructura, no coyuntura: sirve para saber qué opera en un Estado y con qué fuerza, no qué pasó anoche.

Que un Estado no tenga designados no significa que no tenga crimen organizado ni terrorismo. Los regímenes de sanciones del Consejo son geográficos y políticos, no un termómetro de amenaza: existen para Al-Qaida, Corea del Norte, Irán, Irak, Libia, Somalia, Yemen, el Congo, la República Centroafricana, los talibanes y —desde 2022— Haití. No hay régimen para América Latina, y por eso la región casi no figura. Leer esta lista como un ranking de peligrosidad sería exactamente al revés.

De las personas se publica el recuento, no los nombres. La lista es pública y está en la fuente, pero este registro no es un buscador de personas. De las entidades sí se publica el nombre: son organizaciones, y publicarlas es el propósito de la lista.

Esto no ordena Estados y no mide corrupción. La lista de la región la encabeza Brasil con 132.652 registros; Venezuela está novena, con 1.406. Leerlo como «más listados, peor» llevaría a concluir que Brasil está noventa veces peor que Venezuela, que es absurdo. La posición de Brasil puede reflejar cuán completo es su registro público de funcionarios.

La cifra se mueve por tres cosas ajenas a la conducta del Estado medido: quién sanciona a quién —un acto geopolítico de terceros—, qué tan completo es su registro público de funcionarios y el tamaño del país. Y persona expuesta no es persona sospechada: un ministro figura por ser ministro.

Cuenta personas y entidades distintas con domicilio declarado en el país en las listas primarias que publican el Tesoro de Estados Unidos (OFAC) y la oficina de sanciones del Reino Unido (UK Sanctions List). No mide la conducta del Estado: dice a quién decidió sancionar otro gobierno, con sus criterios y prioridades. Un número alto puede reflejar crimen organizado con domicilio en el país, un régimen sancionado o más atención de quien sanciona.

Mide esfuerzo de gobierno, no cantidad de víctimas. Un Estado puede tener mucha trata y estar en el Nivel 1 porque su gobierno la persigue, y otro puede tener poca y caer al Nivel 3. Leerlo como un recuento de trata es leerlo exactamente al revés.

Lo emite un Estado sobre otros Estados. Es la evaluación del gobierno de los Estados Unidos, con método declarado y consecuencias legales propias —el Nivel 3 habilita restricciones de asistencia—, no una medición neutral. Entra al registro como la posición de un tercero, calificada como tal, y no sostiene por sí sola ningún juicio de la Fundación.

«Caso especial» no es una nota mala ni buena: es la ausencia de nota. Significa que la situación del país impide evaluar los esfuerzos del gobierno. Ordenarlo como peor o mejor que el Nivel 3 sería inventar una escala que el informe no tiene.

Enfrentamientos armados entre grupos, sin el Estado como parte. En esta región eso es, en buena medida, disputa entre organizaciones criminales por territorio o por renta: es el indicador de presencia de grupos criminales organizados que más se acerca. Y aun así no mide presencia ni control territorial, solo muertes en enfrentamiento. El umbral de registro exige 25 muertes al año: por debajo de eso un Estado figura en cero sin estar en paz.

Si el Estado manda en todo su territorio, o si hay zonas donde no manda. Es lo más cercano al control territorial que se encontró gratuito y comparable: el conflicto entre grupos armados cuenta muertes, no territorio.

Es evaluación experta, no medición de campo: dos especialistas por país —uno del país, uno de fuera— puntúan de 1 a 10, y el resultado se armoniza en revisión regional. Y es una foto, no una serie: el proyecto publica cada dos años, de modo que estos temas no se pueden proyectar.

Primer dato subnacional del registro: los casos llegan a departamento y municipio. Los levantó y verificó caso por caso el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, a quien corresponde la atribución.

No es un censo de conflictos. Es el corpus de un proyecto académico, con su alcance y su recorte. Un Estado con pocos casos puede tener pocos conflictos o poca cobertura del proyecto, y las dos cosas no se distinguen desde afuera. Las capas no declaran licencia: acá se publican recuentos y agregados, nunca los casos individuales ni las geometrías, y queda pendiente pedir autorización escrita antes de usarlos en productos pagos.

La lista de zonas la define la Fundación Sherman Kent, y conviene decirlo con todas las letras: es el único lugar de este registro donde la fuente es la propia Fundación. Ninguna organización publica un padrón de focos transfronterizos de América Latina y el Caribe, así que la selección es un criterio propio —zonas con jurisdicciones superpuestas y actividad transfronteriza registrada en fuentes abiertas— y no un dato tomado de un tercero. Se puede discutir qué zona falta o qué zona sobra; lo que no se puede es tomarla por una lista oficial, porque no lo es.

No son indicadores: son lugares, y ninguna fuente publica estadística comparable a esa escala. Lo que se cuenta es cuántas notas del corpus nombran cada zona, de cuántos portales y de cuántas jurisdicciones. Que la nombren medios de los dos lados de la frontera es el dato fuerte: una sola jurisdicción puede estar contando su propia versión. La zona se reconoce por su topónimo, o por una palabra de frontera más dos de los Estados que la comparten.

Mapeada en cuatro Estados, con años distintos —Bolivia y Venezuela 2017, Brasil 2018, Perú sin año declarado—: no son comparables entre sí ni con la situación actual. Y el número de polígonos no es una medida de magnitud: depende de cómo se dibujó cada capa. Venezuela figura con 1.317 y Perú con 3, y eso no significa que en Perú casi no haya minería ilegal.

Esto no mide cantidades. No hay toneladas, ni hectáreas cultivadas, ni incautaciones: es la evaluación de un panel de especialistas sobre cuán extendido y estructurado está cada mercado en cada Estado, en una escala de 1 a 10. Dos países con el mismo puntaje no mueven el mismo volumen.

Y no mide consumo. Un puntaje alto en cocaína puede corresponder a un Estado productor, a uno de tránsito o a uno de destino: el índice mide el mercado, no en qué eslabón está el país. Para eso hay que leer el resto de la ficha —quién opera, con qué fuerza— y las demás capas del registro.

Las cantidades medidas —kilos incautados por familia de droga— están en la categoría siguiente, «Incautaciones por tipo de droga», del anexo estadístico del Informe Mundial sobre las Drogas. Este índice mide el mercado; aquella, el hecho contado.

Es dato medido: kilos incautados que cada Estado informa a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por familia de droga y por año. Cubre cocaína, cannabis, opiáceos y drogas sintéticas donde el Estado reportó, más la hoja de coca aparte —que no es cocaína—.

Una incautación mide la acción policial tanto como el flujo: más kilos pueden ser más tráfico, más control, o las dos cosas. Por eso no ordena Estados ni entra a ningún índice compuesto. Las sintéticas a veces se informan en unidades y se convierten a kilos con un factor de la fuente: van como equivalente en kilos.

No son rutas. El dato es por país, no bilateral: el trazado de quién le vende a quién está en fuentes cerradas y no se publica acá.

Cuando A declara que exportó cien a B, y B declara que importó sesenta de A, esos cuarenta se fueron por algún lado. Esa diferencia es el indicio estándar de contrabando, subfacturación y triangulación.

Pero una brecha de pocos puntos no es contrabando: es contabilidad. El exportador declara el valor de la mercadería puesta en el barco; el importador declara ese valor más el flete y el seguro. Solo por eso el importador registra de rutina entre 3 % y 10 % más. Lo que sí llama la atención es la brecha negativa —que el importador declare menos—, porque el flete empuja en el sentido contrario y no hay explicación contable inocente. Aun así es un indicio que abre una averiguación, no una prueba de delito.

Esto no mide violencia: mide transparencia. Cruza dos observaciones independientes —un observatorio externo de sucesos y el propio catálogo del Estado— y publica una sola cosa: si hay actividad registrada y el Estado no publicó nada de sí mismo. Esa distancia es un hecho sobre su publicación.

No se publica ni un número de la fuente externa —ni sucesos, ni recuentos, ni fechas—: sale una clasificación de tres estados y nada más. Y «sin registro» no es «no pasó nada»: es que esa fuente no anotó nada, y la cobertura de cualquier observatorio es despareja.

Es comercio declarado en la aduana. El tráfico ilegal —que es lo que preocupa— no pasa por una aduana y no está acá. Sirve para ver el flujo legal y para señalar dónde ese flujo no cierra.

Y es menos de lo que suena: el capítulo arancelario es «armas y municiones; sus partes». No incluye aviones, buques ni vehículos militares, que viajan en otros capítulos. Son valores en dólares, no cantidades: un lote de municiones baratas y uno de fusiles caros pueden dar la misma cifra.

No ordena Estados. El volumen depende del tamaño de la economía y de tener o no industria propia: Brasil exporta más que Uruguay por industria, no por conducta.

Esto no mide el tráfico: mide la acción policial y judicial contra él. Una incautación depende de cuánto controla cada Estado su frontera y sus mercados ilegales, no solo de cuánta arma circula. Un número alto puede significar más tráfico o más control; uno bajo puede significar menos tráfico o menos capacidad de detectarlo. La fuente —UNODC— no elige entre esas lecturas, y este registro tampoco.

No se compara entre países ni se suma. Cada Estado reporta según su propia capacidad de registro, y no todos reportan todos los años: el vacío se declara, no se rellena. Por eso estas cifras se muestran por país, no en un ranking.

Es la otra cara de «Armas», la categoría de al lado. Esa mide el comercio legal declarado en la aduana; esta mide lo que se detectó fuera de ese circuito.

No existe fuente libre con volúmenes de tráfico de bienes culturales por país. Se buscó en seis idiomas —español, inglés, francés, alemán, italiano y portugués— en UNESCO, UNODC, UNIDROIT, ICOM, la Organización Mundial de Aduanas, INTERPOL, los Carabinieri, Kulturgutschutz Deutschland, la base POP francesa, el IBRAM, ARCA y Trafficking Culture. INTERPOL exige convenio; la Aduana publica agregados regionales en PDF; SHERLOC da jurisprudencia y legislación, no cantidades. El vacío es del mundo, no de este registro.

Lo que sí es comparable en los 33 es la obligación asumida. El Convenio de UNIDROIT de 1995 obliga al Estado parte a restituir el bien robado y a admitir la acción de devolución. Que un Estado no figure no dice que trafique más ni que proteja menos: puede tener ley interna y no haber ratificado.

Falta el convenio principal, y se dice por qué. El de la UNESCO de 1970 lo ratificaron muchos más Estados y no se pudo recolectar: UNESCO devuelve una verificación anti-robot en las cuatro direcciones probadas. El dato es público; el sitio del organismo rechaza a los programas. Se gestiona por vía oficial.

Lo que esta base registra es comercio legal, no tráfico. Cada asiento nace de un permiso o de un informe anual que un Estado presentó ante el tratado. El tráfico ilegal, por definición, no tiene permiso y no entra acá: quien lea estas cifras como «tráfico de fauna» va a leerlas exactamente al revés.

«Origen en decomiso» no es «cantidad de decomisos». Ese código marca especímenes cuyo origen declarado es una incautación, y el asiento aparece cuando ese espécimen se mueve después —a un centro de rescate, a un zoológico, a investigación—. Más decomiso puede significar más control, más delito o más movimiento posterior de lo incautado: son tres explicaciones y la fuente no elige entre ellas.

No ordena Estados y no entra al compuesto. El volumen depende de la biodiversidad, del tamaño de la economía y del papel de cada país en el comercio de cueros, madera o mascotas. Y la proporción de decomiso no está orientada: no se sabe si más es mejor o peor.

Estas cifras no dicen nada sobre delito. Asociar migración con inseguridad es un juicio, y el registro no lo hace: la materia entra en Seguridad porque el movimiento de personas es objeto de política de seguridad, no porque quien migra sea un riesgo. La migración neta negativa indica que salió más población de la que entró. Las remesas entran como medida de migración —cuánto pesa el dinero que mandan quienes se fueron—, no como indicador económico.

Mide superficie e infraestructura, no ataques. No se encontró ninguna fuente gratuita que publique incidentes informáticos comparables para los 33 Estados. Lo que sí existe es la infraestructura de cifrado desplegada y la población conectada: un país con muchos usuarios y pocos servidores cifrados está más expuesto que uno con la relación inversa. Un valor alto no significa un Estado más protegido.

Ninguna de estas tres cifras ordena Estados, y no es un descuido. La muestra de anomalías la hacen voluntarios: un Estado con pocas sondas muestra pocas anomalías, y eso no significa que tenga menos censura sino que hay menos gente midiendo. Por eso se publica la tasa y aun así no se compara.

Anomalía no es bloqueo —el bloqueo confirmado se cuenta aparte y es una cifra mucho más chica—, un corte no declara su causa —un cable cortado, una tormenta y un apagón deliberado dan la misma curva— y contar equipos de respuesta premia al Estado grande. Van al lado del dato comparable, nunca adentro, como Defensa.

Acá solo aparece quien no pagó rápido. Los grupos que secuestran sistemas publican a sus víctimas para presionarlas: la empresa que paga enseguida y en silencio nunca aparece en ninguna lista. Esta cifra subestima el fenómeno de manera sistemática y por una magnitud que nadie puede calcular.

Y es un recuento, no una tasa. Una economía grande tiene más empresas que atacar: que Brasil encabece la lista no significa que esté peor protegido, sino que tiene más objetivos. La fuente es el atacante, que exagera y repite víctimas viejas: lo que se observa con certeza es que el grupo lo publicó, no que el hecho sea como lo cuenta.

Esto registra las emergencias ante las que la red de la Cruz Roja responde o sobre las que informa, no todos los desastres que ocurren. Un Estado con sociedad nacional grande y activa deja más asientos que uno con sociedad chica. Más emergencias registradas puede significar más capacidad de respuesta.

El nivel de gravedad —amarillo, naranja, rojo— es la escala operativa de la propia Federación, pensada para decidir despliegues. No mide daño ni víctimas: mide qué respuesta amerita el hecho a juicio de la organización.

Un evento que alcanza a varios Estados cuenta en la ficha de cada uno, de modo que sumar las fichas da más que la cantidad de eventos. Y el filtro por país de esta interfaz no funciona —se lo pide y contesta el mundo entero—, así que se filtra por región, se comprueba en cada corrida y el país se cruza acá.

El índice INFORM, del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y de OCHA, combina en una escala de 0 a 10 la exposición a amenazas naturales y humanas, la vulnerabilidad de la población y la falta de capacidad para enfrentarlas. No es un pronóstico: un valor alto dice cuán expuesto está un Estado a que una amenaza se convierta en crisis. Es un índice de terceros armado con insumos de otros organismos.

Esto no mide riesgo ni daño: mide energía liberada. Un sismo de magnitud 6 a diez kilómetros bajo una ciudad hace más daño que uno de 7 a doscientos kilómetros mar adentro. Contar sismos no ordena Estados por peligro, y esta capa no entra a ningún índice compuesto.

La mayoría de los sismos de esta región ocurre en el mar, en la fosa donde una placa se hunde bajo la otra, y ahí ocurren los más grandes: los que pueden generar tsunami. No se los descarta: van aparte, porque descartarlos habría borrado lo más importante. El rótulo del lugar nombra la costa más cercana, no el Estado donde ocurrió.

La asignación a un Estado es por el epicentro, no por dónde se sintió, y el catálogo se revisa: las magnitudes de las primeras horas se corrigen después.

El satélite detecta anomalías térmicas, no incendios ni delitos. Un foco puede ser una quema agrícola legal, un incendio forestal, una antorcha industrial, un basural o una operación minera. La imagen no distingue la causa, y el registro no la inventa: decir «tantos focos, tanta minería ilegal» sería un salto que no damos.

No ordena Estados. El recuento depende del tamaño del país, de la estación, de la nubosidad —una semana nublada esconde todo— y de cuántas veces pasó el satélite. Brasil registra más focos que Granada por superficie, no por conducta.

Las tres medidas se leen juntas porque separan cosas distintas: un Estado chico que dedica mucho de lo poco que tiene no es lo mismo que uno grande que dedica poco de mucho. El monto en dólares corrientes arrastra inflación y tipo de cambio: sirve para el orden de magnitud, no para comparar años lejanos.

Dos de estas medidas las calcula la Oficina, dividiendo los efectivos por la superficie y por la población: un recuento suelto premia al Estado grande por ser grande. Se calculan solo con años que las dos series comparten, y donde no hay un año en común no se calcula nada.

Ninguna mide despliegue. Un efectivo contado puede estar en un cuartel de la capital y no en la frontera.

Y hay que mirar qué se está contando. Costa Rica abolió su ejército en 1949 y Panamá lo disolvió en 1990, y sin embargo los dos figuran acá con efectivos. No es un error: la fuente cuenta al personal militar en actividad e incluye fuerzas paramilitares cuando se parecen a unidades regulares en organización, equipamiento, entrenamiento o misión. En esos dos Estados lo que se cuenta es su fuerza pública, no un ejército.

Antigua y Barbuda aparece con cero y tiene fuerza de defensa: un cero acá puede significar «no tiene» o «no informó», y la fuente no las distingue. Se publica como viene y se dice que no se sabe cuál de las dos es.

No hay desagregación por arma, y no es un olvido. No existe fuente gratuita que publique los efectivos separados en ejército, armada y aviación para los 33 Estados. El registro de referencia es el Balance Militar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que es de pago y no admite redifusión. Lo que se publica acá es el total, y el peso que ese total tiene sobre quienes trabajan.

Mide lo que se compra, no lo que se tiene. Es la aproximación más cercana al inventario a la que se puede llegar sin pagar: aeronaves, buques, blindados y misiles adquiridos. Un año sin compras da cero y no significa que el país no tenga material.

La unidad no es dinero: es un valor indicativo que el instituto sueco asigna según capacidad militar, para poder comparar sistemas con precios muy distintos. El inventario por tipo —cuántos vehículos, cuántos aviones, cuántas embarcaciones— no está disponible en ninguna fuente libre, y el vacío queda declarado.

Objetos que cada Estado registra ante Naciones Unidas: satélites propios, no necesariamente lanzados por él. Es la única medida de capacidad aeroespacial comparable y gratuita que se encontró. No mide capacidad de lanzamiento, ni satélites militares, ni aviación. Solo 13 de los 33 Estados registran alguno, y así se declara.

La capacidad de un Estado de producir conocimiento propio en vez de comprarlo hecho. Mide esfuerzo y producción, no utilidad ni calidad: un gasto alto mal dirigido no produce capacidad, y una patente solicitada no es una patente concedida ni una tecnología en uso.

Dos de las cuatro medidas son recuentos —artículos y patentes— y por lo tanto premian al Estado grande. Se leen junto a la población, no sueltas. La cobertura es despareja y va declarada en cada tarjeta: el gasto en investigación y los investigadores por millón son los peor cubiertos, con menos de la mitad de los Estados informando.

Lo que un Estado tiene en su territorio y de qué depende de afuera. La dependencia es tan estratégica como la dotación: quien importa la mayor parte de su energía queda expuesto a decisiones que no toma.

Un promedio nacional puede tapar una escasez regional severa: un Estado con mucha agua renovable por habitante puede tener provincias secas. Y tener el recurso no es poder usarlo: la tierra arable mide superficie, no producción.

Las rentas del petróleo, del gas y de los minerales miden cuánto pesa cada recurso en la economía, que es lo que hay dato para medir. No miden cuánto hay bajo el suelo: un Estado con una reserva enorme sin explotar da cero. Y un valor alto es riqueza y exposición al mismo tiempo.

Tierras raras y minerales críticos no están todavía, y falta decirlo. La renta de los minerales agrupa los metálicos sin separarlos: no distingue cobre de litio ni de tierras raras. La fuente que sí lo hace —el Servicio Geológico de los Estados Unidos— bloquea la consulta automática y publica en informes anuales, así que entrarán cargados a mano. Mientras tanto se declara la falta.

El eje Desarrollo mide algo emparentado con otra vara —rentas de recursos naturales y exportación de minerales—, que mira cuánto DEPENDE la economía de extraer, no cuánto TIENE el territorio.

Lo que tiene que seguir funcionando para que todo lo demás funcione. Se lee como capacidad y fragilidad, no como bienestar: una red que pierde un quinto de lo que transporta es un dato de capacidad, no de confort.

Acceso no es continuidad. Un hogar conectado a una red que se corta todos los días cuenta como con acceso, y un agua «básica» es la que está a menos de treinta minutos de ida y vuelta: no dice que sea segura. Las pérdidas eléctricas mezclan falla técnica con robo de energía y la fuente no las separa.

Los Estados sin litoral marítimo no tienen movimiento de contenedores, y eso no es una falta del registro.

Es una lectura de seguridad marítima, no ambiental ni de captura. Dos señales satelitales de conducta sospechosa de la flota de cada Estado —encuentros en altamar, donde dos buques se juntan (posible transbordo de captura), y AIS apagado, cuando un buque deja de emitir su posición (posible actividad oculta)—. Un encuentro puede ser un transbordo legal y un AIS apagado puede tener causa técnica: son indicios de riesgo, no prueba de pesca ilícita.

Se cuentan por bandera del buque, no por dónde ocurren. Miden la flota de cada Estado, no la presión extranjera en sus aguas. No ordena Estados: una flota grande registra más eventos por tamaño, no por conducta. Faltan los buques sin AIS o con AIS manipulado, que por definición no aparecen. La presión sobre el recurso pesquero como tal —quién esquilma a quién en cada zona económica— es otra medición, que esta capa no da todavía.

Es medición experta codificada, no recuento de hechos: varios especialistas por país y por año. Mide cómo funciona el sistema, no qué piensa la gente de él — la percepción democrática y la confianza en las instituciones se miden por encuesta y no están acá: quienes las levantan exigen registro para entregar los datos, y el vacío queda declarado. La brecha entre democracia electoral y liberal separa el componente electoral del control del poder.

Censura estatal, represalia contra periodistas, y espacio disponible para partidos y organizaciones civiles — que es la materia de conflicto político leída por el lado de lo que la oposición puede hacer. Se lee junto con la cobertura noticiosa de este mismo registro: donde la libertad de expresión cae, la corroboración cruzada entre jurisdicciones vale más, porque la prensa local pesa menos.

La aprobación de la democracia no es una encuesta. Es la evaluación de un especialista sobre cuánto respaldo social tiene el régimen democrático. Se acerca a la percepción democrática que este registro declaraba como vacío, pero no la reemplaza: Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas le preguntan a la gente; esto no.

La persecución del abuso de función mide impunidad, que es distinto de la percepción de corrupción: un país puede tener mala fama y buena persecución, o al revés. Y la política anticorrupción mide el andamiaje, no el resultado.

El registro de nacimientos es la capacidad estatal más básica: saber quién existe. Un registro incompleto degrada todas las demás estadísticas de ese Estado, incluidas las que este registro publica. La recaudación entra como capacidad de recaudar, no como indicador económico: baja frente a una economía grande, señala evasión o economía no registrada.

Es una clasificación, no un ranking. Dos democracias electorales no están empatadas: están en la misma casilla. Para el matiz están los índices continuos que el registro publica en el eje de gobernanza.

Es evaluación de especialistas, no un recuento de hechos. V-Dem arma la categoría con índices que promedian el juicio de varios codificadores por país, con intervalo de incertidumbre declarado. Un cambio de casilla es una decisión de método tanto como un cambio del mundo.

Ocho Estados no están clasificados, todos del Caribe chico. La brecha es del proyecto, no de esos Estados: no significa que no tengan régimen clasificable, significa que nadie los codificó.

Mide la publicación, no la contratación. Un Estado que compra mucho y publica poco aparece con poca cobertura; uno que compra poco y publica todo, con mucha. No es una medida de volumen de compra ni de limpieza.

La ausencia es el dato. No figurar acá no prueba que el Estado no publique: prueba que no publica en el formato que permite compararlo, que es una afirmación más chica y verdadera. Y el recuento mezcla publicadores nacionales con subnacionales, porque la fuente no los distingue y clasificarlos por el título sería inventarlo.

Es lo que la empresa declara esperar, no un soborno comprobado. Sale de las Encuestas de Empresas del Banco Mundial, que no se levantan el mismo año en todos los Estados: el dato de cada país es de su última ronda disponible y las rondas no coinciden entre sí. Sirve para ver el orden de magnitud, no para rankear con precisión de decimales.

Mide percepción, no hechos. Es un promedio de evaluaciones de especialistas y de encuestas a empresarios sobre cuánta corrupción creen que hay en el sector público. No cuenta casos, ni condenas, ni dinero. Un país que empieza a perseguir la corrupción puede empeorar su puntaje porque se habla más del tema.

Dos Estados cuyos intervalos de confianza se superponen no están ordenados entre sí, por más que la tabla los muestre uno arriba del otro. Cada ficha publica el intervalo y la cantidad de fuentes: un puntaje construido con tres fuentes es más frágil que uno construido con nueve.

El registro mide corrupción de tres maneras y no las promedia: este índice, el control de la corrupción del Banco Mundial y la corrupción política de V-Dem. Se construyen distinto y a veces ordenan distinto a los mismos Estados. Cuando coinciden, el juicio se apoya mejor; cuando discrepan, hay que ir a ver por qué. Y por la licencia del productor —que permite reproducir pero no derivar— este índice no entra a ningún cálculo compuesto.

Publicar para personas y publicar para máquinas no es lo mismo. Un Estado puede tener su portal impecable y devolverle un portazo a cualquier programa que intente leerlo. Eso no es opacidad, pero tampoco es dato abierto: es una tercera cosa, y acá se la nombra.

Tres estados, y no son intercambiables. Abre: responde y entrega catálogo. Cierra: el portal existe y rechaza a los programas. Sin puerta hallada: no se encontró catálogo legible en los dominios probados —puede publicar en PDF, en otra dirección, o en un dialecto que este registro todavía no conoce—.

Esto propone, no publica. Lo que el explorador encuentra no entra solo al registro: queda declarado para que una persona lo verifique. Un registro que se autoalimentara rompería la regla que lo hace confiable.

La serie comparable llega tarde y no hay forma de acelerarla. La UNODC recibe de los Estados, valida y recién entonces publica: la cifra de homicidios del registro es de 2023. Pero los Estados sí publican lo suyo, y rápido. Acá está lo último que cada uno subió a su propio catálogo oficial.

No es comparable entre países y no se suma. Cada Estado define el delito a su manera, lo cuenta con su método y lo publica con su cadencia: una serie regional armada con estas cifras sería una serie falsa. Va al lado de la serie comparable, no adentro, y no la actualiza. El enlace lleva al original, que es donde la definición está escrita.

Mide el clima en que circula la información, no la cantidad de contenido falso, que ninguna fuente regional cuenta de forma comparable. Cinco de los seis se nombran «ausencia de» porque en la escala de V-Dem el valor alto es el bueno; la polarización va al revés y así se declara en su ficha.

Las redes de influencia se cuentan según Google, no según la Fundación. Son las que Google informa haber dado de baja en sus servicios y cuyo texto nombra al país. El país al que cada red está vinculada lo dice Google, y la Fundación no puede verificarlo. Todos los orígenes cuentan igual, de la región o de fuera de ella. Un cero no prueba que no haya actividad: WhatsApp, Telegram, TikTok y X no publican registros así.

Mide las condiciones para ejercer el periodismo, no cuánta desinformación circula. Son cosas distintas, y la relación suele ser inversa a la intuición: donde la prensa está más cercada, menos desinformación se detecta —porque detectarla también es publicar—.

Es evaluación experta, no medición instrumental. El puntaje sale de una encuesta a periodistas, académicos y defensores de derechos humanos, combinada con un recuento de abusos: dos personas informadas pueden puntuar distinto el mismo país. Y el puesto ordena contra 180 países, no contra los 33 del padrón.

Este censo no publica cifras de criminalidad de las provincias. Publica quién publica, qué mide, en qué formato y con qué frescura. Donde el dato de la jurisdicción vive adentro de una infografía se declara que existe y se enlaza: transcribir un número leyéndolo de un dibujo es lo que este registro no hace.

Para qué sirve. La cifra nacional de un país se puede contrastar con la que publica la propia provincia sobre sí misma. Donde coinciden, el dato se fortalece; donde difieren, la diferencia es un hecho sobre la publicación; y donde la jurisdicción no publica nada, esa ausencia también es un dato.

El grado de apertura es un acto, no una opinión, y se comprueba repitiendo la consulta: 5 es una serie que lee una máquina; 2, una infografía que lee una persona; 0, no publicar nada de sí misma.

0 es el Estado más transparente y 100 el más opaco. La dirección importa y va dicha: este índice mide la ausencia, no la presencia. Una afirmación de ausencia se puede refutar mostrando una dirección, y eso es lo que la vuelve seria.

Se arma con seis actos, no con seis percepciones. Que un portal responda o no, que un sitio oficial esté en pie o retirado, que un Estado haya declarado su comercio de armas a Naciones Unidas: todo eso cualquiera lo comprueba repitiendo la consulta. Por eso no debe compararse con el índice de percepción de corrupción, que promedia encuestas a expertos: contestan preguntas distintas y ordenarían distinto con toda razón.

Esto no es la verificación de los cuatro pasos, que está más abajo y es otra cosa: aquella es una revisión manual del equipo sobre el acceso a la información; esta es una medición automática de seis actos. «Sin medir» no significa opaco: significa que faltan actos con evidencia.

El registro guarda lo que observa, no solo lo que ve hoy. Cada vez que un Estado cambia de estado —un portal que vuelve, un conjunto que desaparece, una serie que se detiene— queda anotado con su fecha. Es la única parte del registro que este registro guarda por su cuenta: la cifra de un organismo internacional va a seguir estando; que un sitio se apagó existe porque alguien lo miró.

La fecha es cuándo lo observamos, no cuándo ocurrió. Un portal pudo caerse el martes y ser visto el jueves. Y la primera vez que se ve a un Estado no dice desde cuándo está así: dice desde cuándo lo miramos. Esas líneas van marcadas.

No publicar y dejar de publicar no son lo mismo. Lo segundo deja rastro: hubo dato y se retiró. El archivo público de la web guarda copias fechadas de los sitios oficiales, y comparar la última vez que un portal respondió bien con lo que responde hoy da la retirada con fecha.

La afirmación exige las dos mitades y ninguna alcanza sola. Que el archivo no tenga capturas recientes no prueba que el sitio murió —prueba que el rastreador no pasó—; que el portal no nos responda hoy no prueba que esté caído. Solo se dice retirado cuando el archivo lo vio vivo en el pasado y hoy no responde. Y no se interpreta la causa: presupuesto, mudanza de sistema o decisión dan la misma caída.

Mide la ausencia, no la presencia. Un puntaje de apertura no se puede refutar mostrando una dirección; una afirmación de ausencia sí, y por eso vale. La presencia se prueba con una fuente; la ausencia exige las cuatro. Mientras falte un paso, el Estado dice sin verificar, que no es lo mismo que opaco y no cuenta como opacidad.

La mortalidad materna mide si un Estado llega o no llega con lo básico: según la OMS, una proporción alta de estas muertes es evitable. Y la esperanza de vida es el resumen de todo lo demás —no es una predicción sobre nadie en particular, sino cuánto viviría en promedio quien nace hoy si las condiciones no cambiaran—.

La esperanza de vida se muestra con el dato más fresco disponible: CEPALSTAT, a 2023, que calcula el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) de la CEPAL con la División de Población de la ONU. La OMS (2021) queda al lado, como segunda fuente que corrobora —pero la corroboración es parcial: la OMS usa en parte los mismos insumos de la ONU, así que dos cifras parecidas confirman menos de lo que parece.

La serie de la OMS llega hasta 2021 e incluye el golpe de la pandemia, que en la región fue grande: comparar 2021 con 2019 no describe una tendencia. La de CEPALSTAT publica hasta 2023; lo posterior es proyección, no dato.

En los Estados chicos del Caribe, los casos de mortalidad materna son tan pocos que un año cualquiera salta mucho sin que haya cambiado nada. Se lee la serie entera, no el último punto.

Tres preguntas: cuánto pone el Estado, quién queda afuera y hasta dónde llega quien entra. Era la materia que este eje no medía en absoluto.

Ninguna de estas cifras dice nada sobre la calidad de lo que se enseña. Un Estado puede tener a todos sus chicos adentro de la escuela y enseñarles poco. La medición de aprendizajes existe, se hace con pruebas que no cubren a los 33 Estados, y cuando los cubran entra.

«Fuera de la escuela» es una tasa y no un recuento —un recuento premia al Estado grande por ser grande— y cuenta a quienes no están matriculados: no cuenta a quienes están matriculados y no van, que en varios Estados del padrón es un problema que ninguna fuente mide con la misma vara en la región.

La matrícula terciaria es una razón bruta: puede pasar de 100 cuando estudia gente mayor. Y la alfabetización se releva en buena parte preguntando si sabe leer, no tomando una prueba, lo que tiende a sobrestimar.

La pobreza según línea nacional no es comparable entre países: cada Estado define su propia línea. Solo sirve su evolución dentro de cada uno. El Gini depende de la encuesta de hogares de cada Estado, con años y metodologías distintos.

Nadie publica de qué país es la IA que usa cada país. El uso de IA generativa es una estimación de Microsoft que cuenta cualquier marca. ChatGPT y Claude son servicios de dos empresas de Estados Unidos y cada uno mide solo el suyo. DeepSeek, Gemini, Mistral y las demás no publican datos por país.

Sale de encuestas de hogares, no de un censo ni de un registro. Cada Estado levanta la suya con su propia periodicidad, y por eso el último año disponible no es el mismo para todos. Comparar el dato de un Estado con el de otro puede ser comparar dos momentos muy distintos del mundo: en esta capa hay fichas de los años noventa junto a fichas del año pasado. El año va escrito en cada una, y las que tienen más de cinco años quedan marcadas.

El umbral en dólares de paridad no es lo que cuesta vivir en cada país. Es una vara común para poder comparar. La línea de pobreza que cada Estado usa para su política social es otra y suele ser distinta.

Los tres umbrales no se suman. Quien está por debajo de 3,0 dólares también está por debajo de 4,1 y de 8,3: son tres cortes de la misma distribución, no tres grupos distintos. Y esto mide ingresos, no privación: alguien por encima del umbral puede no tener agua ni cloaca.

El registro no mira la imagen: dice que existe, de cuándo es y dónde está. Minería ilegal, deforestación, puertos y pasos fronterizos son cuatro materias sin serie comparable; lo que sí hay es imagen satelital libre y reciente.

El recuento de escenas no se compara entre Estados —depende del tamaño del territorio y de por dónde pasa el satélite: Brasil tiene más que Granada por geometría—. Lo comparable es la frescura: cuántos días hace de la última. Y una imagen no acredita un hecho: prueba que había algo el día que pasó el satélite, no qué era ni de quién.

El registro dice qué se sabe; esto dice dónde buscar lo que sigue. Cada consulta combina el término que usa el propio Estado con el dominio de su portal oficial, el tipo de archivo donde suele estar el dato duro y la resta del ruido administrativo. Se abre en el buscador y devuelve documentos del organismo, no notas que hablan del organismo.

No es un dato: es una consulta armada. La Oficina no ejecuta ninguna búsqueda ni cuenta resultados —lo que un buscador devuelve cambia según el país, la sesión y el idioma de quien pregunta, y no es comparable entre Estados—. Acotar por dominio oficial acota el origen, no la calidad.

Esto no registra hechos: registra que algo se está publicando. Que diez portales cubran un asunto no prueba que haya ocurrido. Y veinte medios del mismo país repitiendo un cable son un solo origen, no veinte. Acá se cuentan orígenes independientes por idioma y por jurisdicción, no portales.

Qué términos circulan ahora mismo, no qué está ocurriendo. Es el recuento de las palabras que aparecen en los títulos recolectados en la ventana vigente. Para figurar, un término debe aparecer en dos notas de dos portales distintos: lo que publica un solo portal no es circulación, es repetición. Un término ausente puede significar que el asunto no circula —o que ningún canal del padrón lo cubre.

Mide cuánto se habla, no qué ocurre. Una publicación en una red no es una fuente: es un indicio de circulación. Y el sesgo es grande y se declara: la única red que permite consulta pública sin credencial tiene una base de usuarios pequeña, mayoritariamente europea y norteamericana y de perfil técnico. Es una muestra sesgada y no probabilística. Sirve para detectar que un asunto empezó a circular; no sirve para medir cuánto importa, y ningún juicio de la Fundación puede apoyarse solo en esto.

Esto NO corrobora nada de la cobertura noticiosa, y no se mezcla con ella. El canal de mensajería de un diario que ya está en el padrón de prensa es el mismo medio por otra puerta, no un segundo origen. Contarlo como corroboración independiente inflaría la verificación cruzada, que es lo único que separa un hecho de un rumor.

Lo que sí aporta son los canales oficiales de gobierno y de organismos internacionales —fuente primaria, sin intermediar— y los medios de Estados de fuera de la región que cuentan América Latina a su público. Quién narra la región desde afuera es materia de estudio, y por eso cada canal declara a quién responde. Su presencia acá no implica que la Fundación avale lo que publican.

FIMI —Foreign Information Manipulation and Interference, manipulación e interferencia informativa extranjera— es el estándar que usa el Servicio Europeo de Acción Exterior. Define un patrón de conducta mayormente no ilegal, manipulador, intencional y coordinado, ejecutado por actores estatales o no estatales y sus intermediarios, dentro o fuera de su territorio, que amenaza valores, procedimientos y procesos políticos.

Lo decisivo: FIMI se define por la conducta, no por la falsedad. Una operación puede usar material enteramente cierto y serlo igual; y un error de buena fe puede ser falso y no serlo. Por eso el estándar separa misinformación —falso, sin intención—, desinformación —falso y con intención—, malinformación —cierto, usado para dañar— y FIMI, que es la conducta.

De las tres capas, este registro tiene dos. El terreno —censura, autocensura, hostigamiento, sesgo, medios comprados, polarización— está en «Entorno informativo». La conducta observable es lo que se mide acá: amplificación sin corroboración. La atribución —quién y desde dónde— no la tenemos y no se inventa.

La taxonomía de referencia es DISARM, el marco abierto de técnicas de manipulación informativa alineado con MITRE ATT&CK: 391 técnicas sobre 16 tácticas, comprobado el 10 de septiembre de 2026. Es el vocabulario con el que se nombran las conductas cuando se las observa.

Este padrón no publica datos: publica dónde están. Y las cifras de estos catálogos no son comparables entre países: cada Estado define el delito a su manera, lo publica con su cadencia y lo cuenta desde su año. Sumarlas para armar una serie regional produciría una serie falsa. Por eso el índice manda al original, donde la definición está escrita.

Antes de construir sobre una fuente hay que saber cuántas veces contesta. El robot prueba en cada vuelta las que quedaron trabadas y guarda el resultado de cada intento. Así una fuente que volvió no queda figurando como caída durante semanas, que es lo que pasa cuando reintentar depende de que alguien se acuerde.

Esto no mide la calidad de una fuente: mide si contesta. Una que contesta siempre y publica mal sigue publicando mal; una que contesta la mitad de las veces puede ser excelente y estar sobrecargada. Y se mide desde una sola máquina: dice cuánto pudo usarla este registro, que es justamente lo que hay que saber.

Acá termina el dato y empieza el análisis. Este registro publica hechos calificados y no emite juicios. Los informes de la Fundación sí los emiten, firmados y con su confianza y probabilidad declaradas. Son dos productos distintos y no deben leerse como uno solo.

Cuenta disponibilidad, no calidad. Que un Estado figure acá con eventos de conflicto por provincia no lo convierte en un Estado con estadística de seguridad subnacional: son cosas distintas y confundirlas sería el error que este registro evita.

Un cero de la base de conflictos no es ausencia de violencia. Esa fuente registra violencia organizada por encima de un umbral de muertes: un Estado sin eventos puede tener muchísima violencia común. Leerlo como «país en paz» sería un error grave.

Las fuentes nacionales se cuentan una por una. No hay ninguna interfaz regional que las junte, y esa ausencia es en sí misma un dato sobre la región.